La reunificación de Valencia

Este es el último artículo de la serie “La Valencia que Sueño”. Hemos realizado una revisión general de los aspectos fundamentales que componen las necesidades urbanísticas de la ciudad de Valencia y cómo enfrentarlas.

Se atendieron los problemas de la movilidad, la vialidad y los parques y áreas recreacionales; realizando propuestas que ayuden a mejorar la calidad de estos atributos urbanísticos y así, disminuir la desigualdad social en la ciudad.

Ahora bien, sería una insensatez creer que, a través de solo estas tres aproximaciones, seríamos capaces de realmente disminuir la brecha de desigualdad hasta un punto en el cual logremos reunificar la ciudad de Valencia. Hemos visto cómo la infraestructura urbana juega un papel fundamental en la desigualdad social, de hecho, de esta teoría trató el primer artículo de esta serie y, por tanto, los siguientes.

Ahora bien, las ciudades venezolanas, en general, han sido víctimas de una crisis económica que ha tenido como consecuencia el aumento general del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de una condición de pobreza generalizada.

Por otra parte, además las instituciones de la ciudad no escapan de la erosión institucional de la nación. Los programas urbanos, los planes, los proyectos, todo ha sido dejado a un lado, pareciera que ya no hay un interés real de parte de quienes dirigen estas instituciones por nuestras ciudades.

Lo anterior ha hecho que el principal problema de las ciudades venezolanas se expanda, con una virulencia tremenda, por todo el tejido urbano. La proliferación de los asentamientos informales dentro de Valencia es un hecho. Cada vez las condiciones de vida se parecen más a un barrio y menos a una urbanización. La salubridad, el hacinamiento, y la falta de acceso a servicios públicos ha llegado a cada una de las puertas de todos los valencianos.

Deberíamos sentirnos avergonzados de que las cosas hayan tenido que llegar hasta este punto para que un problema tan grande como el de los asentamientos informales se visibilizara por completo para todos. Habernos hecho la vista gorda ante este problema va a generar unos costos gigantes para la ciudad; sin embargo, resolver el problema es fundamental. De hecho, debe ser la prioridad número uno de cualquier persona que quiera gobernar la ciudad de una forma seria.

Una vez dicho esto, debemos poner manos a la obra para atender este problema de una vez por todas. Lo primero es realizar un diagnóstico general de la situación, para entender el tamaño del problema al cual nos enfrentamos. Para ello, veamos cómo está la distribución de viviendas en cada municipio que conforma el área metropolitana de Valencia, según su tipología.

En total, el 30% de las viviendas construidas en la ciudad de Valencia son viviendas informales, que carecen de las condiciones mínimas de vida y sanidad, que no cumplen con los estándares de calidad de la construcción y que, por tanto, ponen a las familias que las habitan en una situación de vulnerabilidad enorme.

Al ver la preponderancia de la tipología de vivienda informal en 5 de los 10 municipios y, además, su relevancia en 3 de los otros 5, debe darnos una muestra de la enorme tarea que enfrentan los alcaldes de estos municipios en materia urbanística.

Al ser este un problema que involucra a 10 municipios, se vuelve indispensable, en primer lugar, la creación de un Instituto urbanístico de Valencia, que tenga como misión el trabajo de coordinación interinstitucional entre las diferentes alcaldías para tratar de forma mancomunada el problema de los asentamientos informales en la ciudad.

Debemos entonces preguntarnos, una vez creada esta instancia de cooperación interinstitucional, qué lineamientos estratégicos debe seguir para atender el problema de los asentamientos informales en la ciudad. Las últimas aproximaciones que se le dieron a este problema en Venezuela fueron aproximaciones desde el punto de vista de la vivienda.

El programa Gran Misión Vivienda Venezuela buscaba, bajo un concepto de sustitución, entregarle nuevas viviendas formales, de propiedad pública, a los residentes de los asentamientos informales. Este programa no solo tiene problemas financieros, puesto que no tiene un manejo eficiente de los recursos implementados, sino que tampoco resuelve realmente el problema de los asentamientos informales, puesto que la variable del arraigo de los residentes a su zona, no es considerada dentro del programa.

En Venezuela, al inicio de este siglo, se implementó un programa que le daba un enfoque distinto al problema de los asentamientos informales, y que fue, de hecho, el más elogiado por los académicos del área del urbanismo; lamentablemente, se abandonó por razones políticas, pero debe ser esta perspectiva estratégica la que direccione al instituto propuesto.

El programa de habilitación física de barrios entiende que el problema de los asentamientos informales no está en la vivienda como tal, sino en el acceso a los servicios básicos. Se asume entonces que existe un concepto muy poderoso, el del “auto mejoramiento de la vivienda”. Este concepto indica que los ciudadanos tienen como prioridad número uno vivir en una vivienda digna, que cumpla con las necesidades estructurales y estéticas comunes. Básicamente, este concepto consiste en que: a nadie le gusta vivir en un rancho, y todos estamos dispuestos a destinar nuestro trabajo para mejorar nuestra vivienda.

La línea estratégica consistiría entonces en dotar y garantizar todos los servicios urbanos que se requieren a los asentamientos informales de la ciudad, para que, de esta manera, los ciudadanos tengan la seguridad de que cuentan con esos servicios, y puedan invertir entonces en el mejoramiento de su vivienda.

Este programa debe ser precedido necesariamente por un programa de titularización de la vivienda. Necesitamos una ciudad de propietarios. El cómo hacer esto es algo muy complejo, y que ameritaría todo un artículo, o varios. Así que sigamos con la habilitación física de barrios.

Afortunadamente, aunque la política revolucionaria detuvo el avance del programa, los académicos del área siguieron trabajando en el desarrollo de este programa e identificaron 4 debilidades que deben ser corregidas*.

La primera es el carácter intervencionista de lo planteado en cuanto a la participación. Originalmente se pretendía una “transformación de los residentes”. Hoy, ya se sabe que los residentes son como son, y son ellos quienes deben guiar, a través de mecanismos de participación, a los técnicos urbanos sobre sus necesidades.

En segundo lugar, aunque la participación es importante, debe ser el Estado quien sea el ejecutor de las obras a implementar para habilitar físicamente el asentamiento, y no la sociedad civil, pues esta, se asume, no lo ha hecho porque no tiene los recursos necesarios para hacerlo.

Tercero, debe haber una depuración del proceso técnico administrativo previsto. Es decir, este debe ser claro, y lo más sencillo posible. La construcción de una casta burocrática alrededor de este programa sería ponerle una tumba.

Por último, anteriormente este programa estaba dirigido por una institución nacional; sin embargo, aquí se propone que sea un instituto autónomo, descentralizado, que beneficie los procesos ejecutivos y minimice la centralización del programa.

Creo que, con la implementación de estas recomendaciones, se puede construir una política que atienda el gravísimo problema de los asentamientos informales en la ciudad de Valencia, y hasta podemos servir de ejemplo para el resto de las ciudades del país. Será nuestro deber generacional construir ciudades para todos los ciudadanos, que nadie se quede por fuera y que los servicios estén garantizados para todos.

Con estas palabras, despido la serie La Valencia que Sueño, espero hayan disfrutado esta experiencia tanto como yo, y haya servido para que al menos se despierte interés por nuestra maravillosa ciudad, que se cae a pedazos, pero que la vamos a levantar.

*Habilitación física de barrios en Venezuela análisis desde el enfoque de capacidades y crítica a la racionalidad instrumental.