Aquí sabemos de política

En los últimos meses, en la palestra política han aparecido nuevos actores que están buscando otras maneras de generar cambios en el país. Organizaciones de derechos humanos, académicos, grupos religiosos, líderes empresariales, sindicatos y otros sectores de la sociedad civil se han articulado a través de la plataforma del Foro Cívico. Esta coalición ha tratado de impulsar la reinstitucionalización del país a través del diálogo y la incidencia de actores claves para promover soluciones urgentes para la crisis política y humanitaria de Venezuela.

En esta oportunidad, Politiks entrevistó a Mariela Ramírez, arquitecta egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fundadora del movimiento Dale Letra y vocera del Foro Cívico, quien en las últimas semanas ha participado en distintas conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro y ha impulsado acciones para incentivar la movilización de la sociedad.

Desde Foro Cívico se promueve que la solución a la crisis debe resolverse con un diálogo. Sin embargo, para que un diálogo sea productivo y genere cambios, debe haber ciertas condiciones de presión que hagan que el gobierno ceda. ¿Qué condiciones considera usted que se están dando para que el diálogo genere los cambios que el país necesita?

Desde el Foro Cívico consideramos que ninguna sociedad democrática funciona sin una cultura pública democrática y sin organizaciones y ciudadanos trabajando por la materialización de los valores democráticos. Como ciudadanos, tenemos la convicción de que la crisis y el conflicto político que la origina exige una acción concertada de intermediación y diálogo político que convoque a los actores políticos -y a la sociedad entera- disminuyendo los costos de alcanzar acuerdos nacionales en el camino de la democratización.

Desde esa perspectiva, creemos que es posible construir un movimiento social que apoye, difunda y desarrolle visiones y políticas dentro de la agenda de la negociación para que ésta se convierta en un asunto de todos los venezolanos y no solo de los actores políticos, y juntos podamos construir la presión positiva necesaria para lograr una negociación efectiva, realista y razonable. Los actores políticos tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo. No estamos buscando una silla en la mesa de negociación, pero sí queremos ser la base fuerte que la sostenga y ahí es donde el rol de la sociedad venezolana demandando el acuerdo puede coadyuvar a impulsar un diálogo real que genere los cambios que el país necesita.

¿Cuál es el objetivo que tiene el Foro Cívico en el diálogo? ¿Lograr un cambio político? ¿Traer mejoras sociales?

Hemos repetido en numerosas ocasiones que no es posible lograr mejoras sociales sostenibles sin avances en el andamiaje institucional del país. Desde el Foro Cívico defendemos una teoría de transformación de Venezuela concebida en base al respeto irrestricto de los derechos humanos, que tiene a la persona humana en el centro de su acción y se basa en un proceso de fortalecimiento institucional progresivo, lo que nos exige apuntalar el encuentro y los espacios de negociación, que tienen actualmente en el mecanismo de México su mayor expresión, para construir acuerdos entre los venezolanos dejando atrás la política del todo o nada.

En el Foro Cívico no nos adjudicamos la representación de la sociedad entera pero tenemos pleno derecho a actuar en el espacio público, hemos tomado con decisión la vanguardia de esta política y hemos hecho un llamado al resuelto apoyo y acción coordinada de todos los actores nacionales que apoyan la construcción de acuerdos institucionales que logren poner en primer plano a los venezolanos. Es necesario lograr una ecuación virtuosa: apertura del espacio democrático, apertura económica y respuesta a la emergencia social.

En varias declaraciones han mostrado su interés en que se retome el proceso de México, sin embargo, el gobierno nacional se levantó de la mesa, ¿por qué considera que se debería retomar y por qué sería distinto esta vez?

Nuestro maestro Pedro Nikken a menudo echaba mano de una frase para dar respuesta a este tipo de interrogantes diciendo. “Debemos poner siempre la esperanza sobre la experiencia.” Todos tenemos conciencia de los resultados de los anteriores procesos de negociación, pero sí estamos convencidos de que la única manera de que Venezuela salga de la profunda crisis que padecemos es a través de un Acuerdo Democrático Nacional. Debemos trabajar mancomunadamente para lograr edificar las condiciones necesarias para que esto sea posible. Por eso, en cada oportunidad seguiremos ratificando nuestro compromiso con el ejercicio del derecho a la participación y seguiremos insistiendo y persistiendo hasta lograr, a través del diálogo y la negociación, acuerdos para lograr un andamiaje institucional que puedan dar respuesta y soluciones a los venezolanos.

¿Por qué cree que no se lograron los cambios necesarios en el TSJ con las postulaciones que impulsó el Foro Cívico?

La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación nos motivó a hacer un esfuerzo colectivo llamando a los diferentes actores, institucionales, políticos y sociales a participar activamente para incidir en el proceso de reforma judicial, cuya primera fase fue el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, para nosotros, este llamado no tuvo eco e imperó, por parte de los actores políticos, el continuismo o el inmovilismo ante un hecho de tal trascendencia para un país sediento de justicia. Sigue imperando en una acera el continuismo de la arbitrariedad y en la otra, la tesis de no participar hasta que cambien las condiciones políticas, mientras se le deja la cancha abierta al avance del autoritarismo.

Una movilización de todos los actores sociales y políticos participando en el proceso de reforma judicial, denunciando sus irregularidades y demandando los correctivos necesarios, así como el regreso a la negociación integral, no solo pudo haber conseguido un mejor resultado en esta primera fase, sino que creemos habría contribuido a edificar una fuerza social para presionar otras reformas institucionales que nunca ocurrirán espontáneamente.

¿Qué diferencia hubo con el proceso de postulación entre el CNE y el TSJ? ¿Por qué para el CNE si hubo mayores concesiones y con el TSJ no?

La respuesta a esta pregunta es compleja: en primer lugar, diría que los conflictos internos en la coalición dominante jugaron un papel determinante en este resultado, pero la falta de coordinación entre los diferentes actores políticos y sociales para construir una presión positiva es también una variable en el resultado. En el caso del CNE, existía un canal de diálogo político que hizo posible la construcción de un acuerdo. En esta ocasión imperó la tesis de la no participación en el proceso dejando en el desamparo a los millones de venezolanos que claman por justicia.

A pesar de que en teoría se logró un CNE más equilibrado, en la práctica, no está demostrando serlo. ¿Cómo cataloga la gestión que ha tenido el CNE desde que se dieron los cambios?

El proceso de recuperación de las instituciones en el país será complejo, una travesía por etapas, con avances y retrocesos y todos debemos estar conscientes de ello. La convocatoria y desarrollo del proceso electoral conducente al 21-N fue el producto de un diálogo político, como ya expresé, que permitió el nombramiento de un nuevo CNE y una serie de importantes avances en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad electoral.

Este nuevo CNE logró edificar un nivel de confianza suficiente para que la mayoría de los partidos políticos regresaran a la senda electoral; logró una ampliación en el lapso de inscripción y actualización en el Registro Electoral y una primera auditoría de este; también alcanzó la habilitación de vehículos de participación para ampliar la pluralidad de actores que participaron en la elección; logró una auditoría amplia e inédita del sistema electoral con la participación de las más importantes universidades nacionales; y dio lugar al regreso de la observación electoral internacional y la ampliación de la observación nacional, entre otros avances.

Ahora bien, no negamos que también ha habido retrocesos. Las sentencias del TSJ, obligando a la repetición de las elecciones en Barinas pusieron en grave peligro los avances logrados en el camino de la reconstrucción de la institucionalidad electoral y la vigencia de los derechos políticos de los venezolanos, así como todo lo referente al Referéndum Revocatorio.

Frente a dicha circunstancia, es absolutamente crítico que demandemos al Consejo Nacional Electoral que haga respetar su autonomía, demostrando con acciones nítidas su compromiso con la reinstitucionalización, la defensa sin matices del derecho a elegir y a ser elegido y la recuperación de la convivencia democrática. Para ello, a la ciudadanía nos toca asumir la participación en los asuntos públicos como un derecho humano. Defender el voto como la mejor y más eficaz herramienta de lucha ciudadana es un deber de cada venezolano para seguir logrando avances en este difícil camino.

¿Cree que hay un interés por parte de la coalición dominante en reinstitucionalizar el país?

Las acciones del Foro Cívico en todo este proceso relativo al fortalecimiento institucional deben entenderse como el ejercicio del derecho a la participación, que procura lograr un marco adecuado para la defensa y ejercicio de los derechos fundamentales. Estas oportunidades que hemos visto de apertura democrática se abren porque el grupo en el poder necesita hacer concesiones que le permitan mejorar su gestión frente al descontento de las diversas facciones que componen su coalición y frente a su base popular. Por ello, se ven obligados a abrir rendijas por las cuales consideramos se puede avanzar hacia acuerdos que prefiguren el juego político democrático que se aspira lograr. Consideramos imperativo estar preparados para aprovechar estas oportunidades y para ello vemos necesario fortalecer a los diversos actores políticos y sociales que luchan por edificar una nueva democracia en Venezuela.

La amenaza política no es la misma de 2019, pues la estrategia opositora de máxima presión llevada adelante los últimos años no logró sus objetivos, pero ahora el grupo en el poder se enfrenta a la amenaza de su propia catastrófica gestión y la depreciación generalizada, nacional e internacionalmente, del proyecto chavista. Creo que en todos los sectores del país hay gente que considera necesario un acuerdo político integral, uno que se focalice en la atención de la emergencia social y la reconstrucción del sistema político de tal manera que aquel que sea electo limpiamente para gobernar, lo haga dentro de los límites constitucionales, y a quien le toque ser oposición, pueda ejercerla con todas las garantías y libertades. Es imperativo abandonar la lógica binaria del cese de la usurpación Vs convivencia sin democracia, narrativas que establecen una atmósfera beligerante que no le ofrece al ciudadano común confianza en que la negociación puede ser la vía para construir una nueva democracia en Venezuela.

¿Cómo encaja en este contexto la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Tomemos en cuenta lo que dijo Nicolás Maduro… “Es una nueva etapa de renovación del sistema de justicia” ¿Qué opinión tiene sobre esto?

Los sectores sociales agrupados en el Foro Cívico rechazamos el reciente nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues continúa la política de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, así como su ocupación ideológica. Esta decisión desconoce la necesidad impostergable de construir, en el marco de la Constitución, con participación de todos, la institucionalidad judicial del país, atendiendo a las cualificaciones profesionales, la honorabilidad y la imparcialidad de los aspirantes a jueces o magistrados, todo en aras de la independencia judicial, el respeto del debido proceso y las garantías a todos los ciudadanos de su derecho a la justicia.

La mala señal que los factores de poder envían al desperdiciar la oportunidad de la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia basado en la garantía de la independencia judicial, es leída con atención por el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional y afecta las posibilidades de que los venezolanos transitemos un camino que nos convoque a todos en un proyecto común y plural para el futuro.

En el Foro Cívico decidimos, ante la reforma del Poder Judicial, no ser espectadores pasivos ante el proceso de elección de nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reiterando nuestro objetivo de luchar cívicamente en la arena de las realidades presentes de Venezuela, a fin de lograr la democratización indispensable, incluso de manera gradual, si no es posible alcanzarla a plenitud en el contexto político actual.

Ante el proceso, bajo protesta, desempeñamos un rol como sociedad organizada, denunciamos las irregularidades del proceso y respaldamos aspiraciones legítimas de juristas calificados no por solicitud de cuotas, sino por el convencimiento que nos guía que todos debemos aportar en la construcción de un mejor país. Activamente formulamos planteamientos respecto del baremo que debía aplicarse, presentamos impugnaciones ante candidaturas que no llenaban los requisitos constitucionales, incluyendo las de quienes de manera ilegal optaron por la reelección contraviniendo el texto constitucional que establece un único período.

El resultado en esta oportunidad, como ya he expresado, no ha sido favorable, sin embargo, ratificamos nuestro compromiso con el ejercicio del derecho a la participación y seguiremos insistiendo y persistiendo hasta lograr instituciones que puedan dar respuesta y soluciones a los venezolanos.

Recientemente, la Asamblea Nacional electa en 2020 publicó un proyecto de ley que criminaliza a las ONG, ¿qué opinión tiene al respecto luego de los acercamientos que han tenido con Miraflores?

El proyecto presentado por la Asamblea Nacional de ser aprobado, tendrá consecuencias devastadoras para la personas en situación de mayor vulnerabilidad y la sociedad venezolana, cerrando el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria, un derecho humano establecido en tratados internacionales suscritos por el país, que puede aliviar y ayudar a superar las masivas y múltiples privaciones que se enfrentan en la actualidad.

Con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. A su vez, queda claro la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad organizada nacional y a las organizaciones internacionales. Incluyendo la posibilidad de dejar sin efecto las obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del proyecto de ley.

El Estado tiene suficientes normas e instrumentos legales para actuar en materia de cooperación internacional, con este proyecto de ley no se pretende regular la materia sino transferir su exclusividad al gobierno, lo cual, implica ser el único que pueda recibir, transferir e intercambiar recursos humanos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos de acuerdo con las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo que captaría, prestaría y administraría los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional.

Violando todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias, el proyecto crea un nuevo sistema sancionatorio con la potestad de “prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente” a cualquier asociación que, a criterio discrecional del Ejecutivo, se considere que promueve o participa de forma directa o indirecta en actividades contrarias a los intereses del gobierno, estableciendo evaluaciones que determinen la aplicación de estas sanciones.

En perjuicio de la población venezolana, este proyecto violenta los estándares de la cooperación internacional y los derechos de la sociedad organizada para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica, expresión, derecho a la defensa de los derechos humanos y a la iniciativa de prestar asistencia humanitaria, dando un paso definitivo hacia el cierre de las fuentes de cooperación para el desarrollo del país y la asistencia humanitaria, como continuidad de una política de restricciones arbitrarias a las capacidades de apoyo de los organismos internacionales a la población, y de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo todas las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección.

¿Cuáles son los próximos pasos que dará el Foro Cívico?

Dentro de los elementos que para nosotros deben constituir una hoja de ruta de acción de la sociedad venezolana destaca como punto central trabajar en la edificación de una agenda social y de derechos, para lo cual desde nuestro punto de vista es necesario iniciar de forma perentoria el proceso de consulta pública de la sociedad venezolana que abordará integralmente los derechos fundamentales de los venezolanos, a saber, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, etc.

Urge construir un espacio de reglas negociadas para la acción humanitaria en el territorio nacional que permita fortalecer las capacidades y la acción de las organizaciones del campo humanitario y de los derechos humanos, así como construir acuerdos políticos que permitan gestionar efectivamente los recursos de la nación y la cooperación para la atención de la emergencia social.

Fortalecer los avances ya logrados en el año 2021 con el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral. Ahora es necesario establecer una hoja de ruta clara, basada en las recomendaciones emanadas de las Misiones de Observación Electoral para seguir fortaleciendo la institucionalidad electoral. Sin embargo, es importante alertar que una elección por sí sola no es suficiente para superar la crisis, por lo que debemos acompañar los esfuerzos en esta dirección con otra serie de acuerdos para la recuperación del Estado de derecho, la debida separación de poderes y la existencia de contrapesos que limiten el ejercicio del poder a favor de los intereses y derechos de las personas. Por esto, vamos a seguir trabajando en avances en el proceso de reforma del Poder Judicial participando en cada una de sus fases, y participar es negarnos a ser reducidos a cero y a un silencio impuesto.

También es importante para nosotros demandar un proceso de fortalecimiento y democratización de partidos políticos, sindicatos, gremios, universidades, colegios profesionales, entre otros. Este proceso es indispensable para la definición de un nuevo liderazgo democrático capaz de modelar, desde las instituciones intermedias, una experiencia de convivencia democrática basada en acciones innovadoras y en el trabajo mancomunado por el bien colectivo.

Seguiremos apoyando los mandatos a la oficina de la Alta Comisionada de DDHH y de la Misión de Determinación de Hechos como parte de la presión constructiva necesaria para suscitar espacios de diálogo con las autoridades venezolanas en materia de derechos humanos.

¿Es optimista con el futuro de Venezuela?

Siempre digo que ser activista está íntimamente ligado a ser optimista. Quienes trabajamos por la transformación de nuestra sociedad tenemos ese espíritu, estamos convencidos de que es posible con nuestra acción cívica modificar el actual estado de cosas. El espíritu y deseo del venezolano, de la gente común, se levanta y vuela desde territorios compartidos exigiendo democracia, convivencia. Cada día conozco a más venezolanos decididos a construir un movimiento social que aglutine a todas las fuerzas democráticas del país para enrumbar a Venezuela hacia un futuro de paz, de justicia y reparación, de bienestar y progreso con plena vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos y eso me llena de optimismo y de energía para continuar trabajando por el logro de esos objetivos.

You’ve successfully subscribed to Politiks
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.