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La disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo tiene antecedentes desde el siglo XV con el Tratado de Tordesillas. Desde ese momento, el conflicto territorial ha tenido un enfoque de suma cero, donde las partes involucradas discuten, casi exclusivamente, sobre la delimitación territorial y se abrogan la soberanía de dicho territorio.

Si bien el asunto de la demarcación del territorio es fundamental, este ha sido imposible de resolver por los momentos, y mientras tanto, las tensiones entre ambas naciones aumentan por la explotación de recursos dentro del territorio en reclamación.

En el marco de buscar una solución pacífica al conflicto, que tenga viabilidad para las partes involucradas y maximice los intereses de los estados, cabe hacerse la pregunta de si es realmente una cuestión de suma cero, o si puede existir una solución que convengan a ambas naciones.

La soberanía, se refiere al ejercicio de la autoridad sobre un territorio delimitado. De buenas a primeras pareciese que este es un concepto indivisible, en el cual solo un Estado puede ejercer la autoridad sobre determinado territorio. Lo anterior, genera complicaciones a la hora de dirimir una disputa territorial, puesto que solo una de las partes puede ejercer la soberanía sobre el territorio en disputa.

Sin embargo, existen diversos ejemplos en la historia del mundo que demuestran que la soberanía no es un concepto indivisible. De hecho, se puede ejercer conjuntamente. Tal es el caso de lo que se conoce como condominios en el derecho internacional, que no es más que el ejercicio de la soberanía conjunta de dos Estados sobre un territorio.

Algunos ejemplos históricos que valdría la pena mencionar son el “Área de Régimen Conjunto”, y la “Convención para el Estudio Económico Preliminar de Aprovechamiento de las Aguas del Lago Titicaca”.

El primero, es un condominio marítimo entre Colombia y Jamaica, países caribeños que comparten la administración de parte de sus zonas marítimas, sin el cual, estas se superpondrían. El segundo, es un condominio entre Perú y Bolivia, donde acordaron la explotación y aprovechamiento conjunto de los recursos acuíferos del lago Titicaca.

Considerando que esta disputa territorial es un conflicto que antecede a Venezuela y Guyana como países independientes, y que existen ejemplos en la región de soluciones coordinadas, pareciera que el diseño de mecanismos para resolver este tipo de conflictos nos obliga a pensar fuera de la lógica suma cero. Dentro de esa lógica, como se ha visto a lo largo de 500 años, las tensiones entre los países aumentan y la resolución es poco probable. El equilibrio es la disputa territorial eterna, que no beneficia a ninguna de las partes.

Lo primero es entender que los recursos que se encuentran dentro del territorio en reclamación no son indivisibles. Pueden ser repartidos entre las partes. Del mismo modo, los derechos de explotación y los beneficios de esa explotación tampoco son indivisibles, y pueden ser repartidos.

Existe un mecanismo llamado “acuerdo de desarrollo conjunto”, en el cual, dos o más partes, acuerdan explotar conjuntamente unos recursos, y beneficiarse mutuamente de dicha actividad económica. Lo que propongo a continuación es un mecanismo de cooperación entre Venezuela y Guyana, para la explotación conjunta de los recursos del territorio en reclamación.

Lo siguiente serían las reglas de ese mecanismo de explotación. PDVSA y Guyoil (empresas de petróleo de Venezuela y Guyana) formarían una sociedad conjunta. Los términos de esa sociedad conjunta implicarían que los beneficios de la actividad económica serían repartidos entre PDVSA y Guyoil.

¿Bajo qué principio se repartirían esos beneficios? Al estarse realizando la actividad económica en un territorio en reclamación, las consecuencias negativas de esa actividad económica impactan de forma diferenciada a las partes involucradas. Por ello, propongo un reparto inversamente diferenciado de esos beneficios. Es decir, mientras más afectado pueda verse el territorio de una de las partes, más beneficiada debe verse esta económicamente. La afectación se mediría a través de la cercanía con el territorio que no está en reclamación.

Por ejemplo, si el punto de actividad económica se encuentra en el mar, se trazaría la línea recta más corta a la costa, y desde ese punto en la costa, se trazarían las dos líneas rectas más cortas a cada uno de los territorios de Venezuela y Guyana. La relación de distancia entre ambas fronteras con el punto de actividad económica sería el inverso de la relación de la repartición de los beneficios de esa actividad económica.

A continuación, un esquema simplificado de como funcionaría el mecanismo:

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Un esquema como este permitiría que tanto Venezuela como Guyana se beneficien de la actividad económica que se genere en la zona en reclamación, permitiéndonos escapar del equilibrio actual, en el que ninguna de las partes puede beneficiarse justamente de la actividad económica en la zona, sin aumentar las tensiones con la contraparte.

Esta es una solución que pudo haberse cultivado durante los gobiernos de Chávez y Maduro, cuando incluso el presidente de Guyana asistió a actos protocolares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Lamentablemente, el asunto de la disputa territorial en estos momentos está siendo liderados por actores que no tienen dentro de sus intereses los del Estado.

Está claro que la política impulsada por Maduro tiene que ver más con un control de daños interno por el resultado de las primarias de la unidad democrática, que con solucionar de forma beneficiosa para el Estado de Venezuela el asunto del Esequibo. De modo tal que el equilibrio de conflicto les permite satisfacer sus intereses políticos internos, al costo de sacrificar los intereses de Estado.

Nos acercamos a un punto clave, donde los militares institucionalistas de la FANB deberían alinearse con los intereses del Estado venezolano. En lugar de promover acciones que deriven en un conflicto armado con pérdidas humanas irrecuperables dentro de las filas de la FANB, los oficiales en posiciones de toma de decisiones estratégicas podrían impulsar una propuesta como la descrita en este texto, que permita al Estado de Venezuela beneficiarse efectivamente de las actividades económicas del Esequibo y ejercer una soberanía conjunta del territorio. Esto, tendría incluso efectos positivos en el prestigio interno de la FANB.

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