Hernández: “Con o sin gobierno interino, Maduro no es presidente legítimo”

Transparencia Venezuela publicó un contundente comunicado sobre la gestión de activos del gobierno interino. “La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino, y diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó”, afirmó la organización.

Para estimar las repercusiones de esta denuncia y el estado actual de los activos venezolanos en el exterior, entrevistamos a José Ignacio Hernández, exprocurador especial de la República y profesor de derecho administrativo y constitucional, actualmente en Harvard.

A continuación, reproducimos la conversación. Esta fue editada por motivos de claridad.

Transparencia Venezuela publicó un comunicado donde afirman que “urge un cambio en la manera en que se vienen gestionando los recursos públicos, no solo por el gobierno de Maduro sino también por el gobierno interino”. ¿Qué opina de esta afirmación?

Estoy de acuerdo. Transparencia Venezuela y Mercedes De Freitas han venido haciendo una gran labor promoviendo el principio de transparencia. Siempre es posible mejorar la forma en la que se manejan los asuntos públicos, no solo en el cleptocrático régimen de Nicolás Maduro, sino incluso en la legítima AN electa en 2015 y en el gobierno interino.

Cualquier esfuerzo que se haga para responder la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia, siempre será bienvenido.

Usted que trabajó y conoció su dinámica interna, le pregunto: ¿El gobierno interino de Juan Guaidó es tan corrupto como el régimen de Maduro?

No son estructuras comparables. El régimen de Maduro es una cleptocracia. Es una corrupción sistemática en la cual ya no hay diferencias entre lo público y lo privado, las elites que secuestran el poder han desviado centenares de millardos de dólares del patrimonio público.

Durante el régimen de Hugo Chavez y de Nicolas Maduro se han estimado entre 100.000 y 400.000 mil millones de dólares. La cleptocracia del régimen de Maduro no es comparable con ninguna corrupción.

Un solo ejemplo que suelo dar en mis clases y las charlas que suelo dar sobre este tema: el escándalo de Odebrecht que ha impactado a toda América Latina y se ha llevado por delante a varios presidentes de la región, en términos cuantitativos, estará rondando los 700 millones de dólares. En un solo caso en EE.UU., el de Andrade, se confiscaron activos por un valor de 1.000 millones de dólares.

Es decir, ¿Usted considera que Transparencia Venezuela, al decir en su comunicado que urge un cambio de la gestión de los recursos públicos tanto del chavismo como de la oposición, parte de una falsa equivalencia?

Toda comparación entre presuntos hechos de corrupción en la AN electa en 2015 y el gobierno interino (y recalco la palabra presunto porque a veces la presunción de inocencia se difumina) y los casos presentados en cortes de EEUU con funcionarios del régimen de Maduro por definición parte de una desviación que afecta todo razonamiento, insisto.

Como Transparencia Venezuela ha estudiado, la cleptocracia de Maduro escapa a cualquier comparación.

Transparencia Venezuela habla de las recientes denuncias que se han hecho sobre “el incumplimiento de responsabilidades del gobierno interino en cuanto a los activos venezolanos'' ¿Cuál es su valoración sobre estas denuncias?

Que son denuncias, que además de falsas, debilitan el principio de la transparencia. Decía Francisco Javier Yanez, el primer venezolano que escribió de derecho constitucional, en el Manual Político del Venezolano, que la opinión pública razonada es una herramienta de control del gobierno.

Si empiezan a lanzarse a la opinión pública acusaciones disparatadas, sin fundamento, ya eso no es opinión, ni es pública, ni es razonada. Eso es, citando a Miranda, un gran bochinche, en el cual por un lado pagan justos por pecadores y por otro lado, como todos son culpables, nadie es culpable.

En las últimas semanas hemos podido ver en medios de comunicación y redes sociales, denuncias no solo falsas, porque alguien puede denunciar de buena fe y el hecho se aclara, sino denuncias temerarias, sin pies ni cabeza, donde se señala, por ejemplo, que si el gobierno interino tenía un acuerdo confidencial con Conoco Phillips, que si un juez dio luz verde para expropiar activos propiedad de PDVSA, o que el gobierno interino ha abandonado la defensa judicial.

Basta ir a los expedientes públicos de esos casos para darnos cuenta que son acusaciones completamente infundadas, y que son parte de una lamentable descomposición política de la opinión pública donde parece que impera una suerte de destrucción institucional, la cual como venezolano lamento mucho.

Acusaciones ha habido, claro. Cualquiera lanza artículos y dice disparates y luego ni siquiera se retracta. Yo me he tomado el tiempo, porque creo que en algún momento un historiador mirará lo que está pasando estos años, lo que ha pasado, y es importante que la verdad histórica sea lo más exacta posible.

Yo me he dedicado a aclarar, como en esta entrevista, en artículos de opinión, en libros, algunos de estos malentendidos, pero les confieso que tendría que dedicarme exclusivamente a desmentir todas estas acusaciones que se están lanzando, si me permiten la expresión, como caramelos de piñata.

La organización también afirma que se ha puesto en peligro la protección de activos venezolanos en el extranjero y que estos van en contra de lo estipulado en el Estatuto para la Transición. En su opinión, ¿Están en peligro los activos venezolanos en el extranjero?

Coincido con esa afirmación de Transparencia. Coincide con los señalamientos que hice cuando me correspondió ocupar el cargo de Procurador que dejé hace más de un año. Y coincide con los señalamientos que ha hecho el actual Procurador Especial, el profesor Enrique Sanchez Falcón, que dicho sea de paso, es uno de los juristas y constitucionalistas más respetados y honorables del país.

Y lo que ha pasado, abreviando una situación bastante compleja, que me tardaría mucho en explicar, es que por diferencias políticas, y aquí política es con p minúscula, no es la Política de Aristoteles, precisamente. En el seno de la AN se han puesto injustificados obstáculos a la defensa judicial de los activos de Venezuela en el exterior y la defensa frente a las más de 60 reclamaciones que por más de 15.000 millones de dólares que enfrenta Venezuela como consecuencia de la deuda pública legada por el chavismo.

Cuando fui Procurador, fueron tantos los obstáculos que decidí renunciar a lo que me vi atado de manos. Con la designación de un procurador de la talla académica y ética del profesor Sanchez Falcón, confié en que esos problemas se solucionarían.

Como venezolano, sentí gran dolor y decepción al oír las intervenciones de la semana pasada del Procurador Sánchez Falcon, donde da a entender que los problemas políticos continúan, y no hay un apoyo claro de unidad en torno a la defensa de activos frente a las reclamaciones legadas de los regímenes de Chavez y Maduro.

Por eso coincido plenamente con los señalamientos que, en ese sentido, hace Transparencia Venezuela.

Exfuncionarios del gobierno interino dijeron a Politiks que una de las principales fallas del interinato era que existía un control férreo de la Asamblea Nacional en la toma de decisiones de la presidencia. Sin embargo, al mismo tiempo no se crearon los mecanismos adecuados de rendición de cuentas. ¿Cómo se sostiene esa dualidad? ¿Cómo podía haber un control tan férreo del G4 en la toma de decisiones mientras no existía un control adecuado en un asunto tan vital como es la gestión de activos?

Ahí ha habido una gran confusión, lamentablemente. Ya que no soy ningún Procurador, ni tengo que ver con eso, y volví a mi feliz condición de profesor universitario, puedo hablar con algo más de libertad.

El G4 no es más que una unión de partidos políticos que conforman la denominada plataforma unitaria, pero el G4 no es una institución, no es la Asamblea Nacional, no puede confundirse el G4 con la AN.

Ni tampoco puede confundirse la AN con la presidencia encargada. Algunos han sugerido que el gobierno interino es un gobierno parlamentario. Eso no tiene ningún fundamento constitucional. Ninguno de los juristas que hemos escrito sobre este tema, como el profesor Allan Brewer Carias, el profesor Asdrubal Aguiar, el profesor Ramón Duque Corredor, entre muchos otros, hemos señalado que esto es un gobierno parlamentario. ¡No lo es!

El presidente de la República, en condición de encargado, es el diputado Juan Guaidó, que ejerce ciertas facultades de la presidencia, y está la Asamblea, que no es un órgano de gobierno, sino un órgano de control. Si la AN gobierna y controla, eso sería una acumulación de funciones que daría paso a la tiranía.

El G4, insisto, no es un órgano ni de control ni Ejecutivo, es una agrupación de partidos políticos. Yo recuerdo que con algunos de los partidos políticos que conforman el G4, con la gran mayoría de ellos mis relaciones fueron cordiales, pero con uno en particular, cuyo nombre prefiero reservarme por los momentos, tuve esa discusión, porque según ellos, yo como Procurador tenía que alinearme a sus lineamientos políticos. Yo les recitaba la Constitución, que dicho sea de paso me la sé muy bien: “Los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna”.

Esa idea de que hay un control hegemónico de los partidos creo que ha hecho mucho daño. La Venezuela del futuro tiene que comenzar por deslastrar esas ideas donde se confunden una cosa con la otra y todo termina en una gran mezcla bastante confusa.

Cuando usted dijo que tuvo discusiones con un partido del G4, ¿se refería a Voluntad Popular?

Yo prefiero no comentar más de lo que ya señalé, pero quiero decir que los problemas a los que yo me enfrenté fueron con individualidades de un partido político,  no con la organización como tal.

Por el contrario, con la gran mayoría de quienes ocuparon el gobierno interino la relación fue muy profesional, mantuvimos diferencias, eso es normal. La relación se mantuvo de forma cordial, salvo en contadas y muy lamentables excepciones, que en su momento, para la historia, es bueno dejarlo por sentado, y así me encargaré de que suceda.

En su opinión, ¿Qué pasará con Monómeros? ¿Los venezolanos perderemos el control de la empresa?

Tengo que advertir que en mi condición de Procurador Especial, mi contacto y conocimiento de la situación de Monómeros fue muy incidental. Colaboré estrechamente con el entonces Embajador Humberto Calderón Berti en el procedimiento legal de toma de control, por parte de la Junta de Monómeros.

Luego, me correspondió mantener conversaciones y formular peticiones ante el Departamento del Tesoro, en concreto la OFAC, para obtener las licencias necesarias para la empresa. Más allá de ello, no tuve ni tengo ningún conocimiento directo. Y, para serte franco, lo que conozco es lo que he podido leer en medios.

Hay, en todo caso, que advertir que la situación de Monomeros para 2021, eso sí lo pude comprobar, era una situación bastante delicada producto de la mala administración del régimen de Nicolás Maduro: no habían reglas de gobernanza corporativa ni principios orientados a la gestión eficiente de esta empresa, sino, como sucedió con todas las instituciones bajo el control de Maduro, su completa politización.

Eso, aunado a las malas prácticas administrativas del régimen de Nicolás Maduro, y al propio efecto de las sanciones pusieron a la empresa en una situación muy comprometida.

Yo no tengo duda de que con los cambios que se han anunciado, de que con la ayuda del gobierno de Colombia y la entidad a cargo de la supervisión de sociedad mercantiles, la situación de Monomeros podrá revertirse, en especial, porque los problemas a los cuales se enfrenta, diría, son meramente coyunturales y no se trata, sin duda, de una situación como la de CITGO, que está completamente acosada por las reclamaciones derivadas de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

En entrevista a Politiks de junio de 2020, aseguró que la situación jurídica de CITGO estaba muy comprometida. ¿Cuál es la situación de CITGO en estos momentos?

La situación de CITGO es supremamente complicada. No por problemas internos de la compañía, más allá, por supuesto, de la recesión que ha causado la pandemia de la COVID, sino por la deudas y reclamaciones legadas de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Hay que recordar muy brevemente que cuando a Maduro se le cierran las puertas en los mercados financieros, como consecuencia de la deuda pública irresponsablemente contratada, Maduro empezó desesperadamente a extraer recursos de CITGO. Endeudó a CITGO para pagar dividendos a PDVSA, en operaciones que fueron demandadas como fraudulentas por diversos acreedores de la República.

Posteriormente, la República y PDVSA se vieron forzadas a varias demandas como parte de la deuda pública de Hugo Chávez que, dicho sea de paso, se estima en 140.000 millones de dólares.

De manera que, por esas reclamaciones de los derivados de esta deuda pública, la situación de CITGO es bastante comprometida y la única solución es una renegociación ordenada y consensuada de esas reclamaciones, pero para eso se necesita resolver el problema político de la presidencia de la República, lo cual hasta ahora no se ha logrado, y fue por eso que, desde la Oficina del Procurador Especial, a lo que nos dedicamos fue diferir los riesgos más inminentes, siempre teniendo la puerta abierta para las negociaciones.

Esta es la estrategia judicial que ha permitido que, a pesar de estos riesgos, al día de hoy, todavía no haya sido posible ejecutar CITGO y esta siga siendo una figura de PDVSA, pieza clave de la reestructuración de la industria petrolera venezolana.

Entonces, ¿hay mayor probabilidad de perder CITGO que de perder Monómeros?

Sin duda. Porque Monómeros, más allá de situaciones coyunturales, no se enfrenta a este entramado de litigio. Pero, al final, la deuda de PDVSA, solo de PDVSA, se estima grosso modo en 70.000 millones de dólares. Esa deuda puede ser cobrada contra cualquier propiedad de PDVSA, incluyendo CITGO.

Con 70.000 millones de dólares nada más en cabeza de PDVSA, mantener CITGO va a ser una proeza sino se logra renegociar la deuda.

Creo que ha sido muy exitoso lo que hasta ahora se ha logrado porque, a pesar de los acosos de los acreedores y de las notables complicaciones políticas que han afectado la calidad de la defensa judicial de los activos venezolanos en el extranjero, CITGO todavía permanece en pie.

En su opinión, ¿cree que se ha hecho lo suficiente para proteger los activos venezolanos en el extranjero? ¿Qué recomendaría hacer hoy al interinato?

Si tomamos en cuenta las limitaciones a las cuales se enfrentó el gobierno interino, la respuesta es sí. Sin duda. Ha sido notablemente exitosa.

Hay una organización política, cuyo nombre prefiero no recordar, que se ha dedicado a lanzar cuestionamientos recientemente, y decía que no ha habido ninguna sola victoria. ¡El hecho de que CITGO siga allí es una gran victoria!

A pesar de que no se ha logrado una renegociación integral de la deuda, no por parte de voluntad del gobierno interino, sino por falta de conducción política.

¿Qué hace falta ahora? Cuando fuí procurador, yo lo que hice, si se me permite la expresión, fue patear la lata. Y el profesor y procurador Enrique Sánchez Falcón ha seguido pateando esa lata, como el portero que patea la pelota esperando a diferir los riesgos, ¡pero usted no puede diferir los riesgos por siempre!

Tarde o temprano las defensas judiciales se van a agotar y la protección de activos que deriva del régimen de sanciones impuesto por el gobierno de Estados Unidos también se puede agotar. Y si no hay una renegociación ordenada o consensuada de la deuda, CITGO estará perdida.

¿Qué hay que hacer? Primero, dejar de hablar de quién controla los activos de Venezuela en el extranjero. Eso es una gran ficción. Venezuela no tiene activos, lo que tiene son pasivos. Si los activos valen 20.000 millones de dólares y Venezuela debe 140.000 millones de dólares lo que te dice es que no tenemos activos. Tenemos deudas.

Hay que dejar de pensar en esta obsesión de quién maneja los activos y comenzar a colocar en el tapete de las discusiones públicas, incluso de las negociaciones en México, el problema de la deuda pública externa venezolana, que es un impedimento notable a la recuperación económica y a la atención de la Emergencia Humanitaria Compleja, y que hasta ahora no se le ha dado la debida importancia porque unos se van por las ramas prefiriendo hablar solo de activos y no de pasivos.

¿Qué hace falta para que se dé una reestructuración efectiva de la deuda venezolana?

Tiene que solucionarse la crisis de legitimidad de la presidencia de la República.

El presidente interino tiene la legitimidad para renegociar la deuda, pero no tiene el control de la Hacienda Pública y sin eso nada puede hacer. El régimen de Nicolás Maduro no tiene legitimidad y tampoco tiene control de la Hacienda Pública, porque Maduro no tiene Hacienda Pública, ni siquiera hay presupuesto. Pero al menos tiene cierto control de los ingresos.

Lo que hace falta es que en Venezuela haya un gobierno que reúna estas dos condiciones: legitimidad y control de la hacienda pública para poder enfrentar la renegociación de la deuda y, a decir verdad, el día de hoy ni el gobierno interino ni el gobierno de facto de Nicolás Maduro tienen capacidad, cada uno por separado, de renegociar la deuda pública.

Primero Justicia planteó que los activos venezolanos en el extranjero sean puestos bajo control de un fideicomiso para protegerlos de la cleptocracia venezolana. ¿Considera viable esta propuesta?

No he leído la propuesta, y, en tanto, no me parece serio opinar sobre una propuesta que supongo debería estar escrita y fundamentada en rigurosos análisis jurídicos y económicos.

Más allá de ello, en términos generales, cabe recordar tan solo que el fideicomiso es un instrumento de activos que no sirve ni para mejorar la gobernanza de empresas del Estado, ni para proteger los activos del régimen de Nicolás Maduro, ni para proteger los activos de los acreedores.

En las negociaciones de México se ha hablado del acceso de Venezuela a los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, valorados en USD 5.000 millones. ¿Qué hace falta para que Venezuela pueda acceder a este dinero? ¿Cómo podría ejecutarse de forma efectiva vista la corrupción rampante del Estado venezolano?

Esa es una gran pregunta. Ahí se han lanzado propuestas como designar una nueva Junta Directiva del BCV… yo creo que hay que entender la naturaleza del problema. Hay dos impedimentos para que Venezuela acceda a los derechos especiales de giro.

El primero es que Venezuela no tiene un representante ante la Junta de Gobernadores del FMI. Sin ese representante, Venezuela no puede realizar operaciones con el FMI. Hay casos excepcionales, como Palestina, que el FMI presta cierto tipo de ayuda técnica, pero no puede realizar operaciones financieras.

Por lo tanto, si no hay un gobierno de Venezuela aceptado por la Junta de Gobernadores no podrá Venezuela tener acceso a esos derechos especiales de giro.

Aquí a veces dicen absurdamente que la culpa de que Venezuela no tenga representación es del gobierno interino. Eso jurídicamente es un sinsentido porque la culpa la tiene Nicolás Maduro que organizó unas elecciones presidenciales fraudulentas.

Con o sin gobierno interino, Maduro no es presidente legítimo. No es reconocido como tal, especialmente por Estados Unidos que tiene no solo un poder de veto legal, sino yo diría un poder de veto moral en el FMI, y si esa crisis política no se soluciona, Venezuela no va a poder acceder a esos derechos especiales de giro.

Pensemos un escenario hipotético. De México sale un acuerdo entre las partes en donde le permiten al chavismo acceder a los derechos de giro. ¿No se estaría cediendo, también, la legitimidad y el reconocimiento internacional?

Es que eso no lo pueden negociar en México. O sea, en México se puede firmar un papel, y el papel lo aguanta todo. Decir: “Reconocemos a Maduro como gobierno”, pero ¿qué dice Estados Unidos? ¿Va a estar o no a favor de eso?

Estados Unidos podrá decir: “Más allá de lo que ustedes firmaron en ese papel, yo sigo considerando al régimen de Nicolás Maduro como un gobierno de facto y criminal”. Eso no va a cambiar por una negociación en México.

Lo que puede solucionar la negociación en México es la causa jurídica que desata esta crisis política que son las elecciones fraudulentas.

Ahora, estamos hablando de quién es el gobierno. Pero supón tú que hay un gobierno reconocido en el FMI, ¿Venezuela pudiese tener acceso inmediato? Pues, tampoco. Porque, si bien los derechos especiales de giro, de acuerdo con el convenio del FMI, no suponen una operación que deba cumplir con condicionamiento, lo cierto es que para que un Estado pueda recibir esos recursos tiene que estar en sintonía con los principios del FMI.

Venezuela, por decisión del presidente Chávez y continuada por Maduro, está en abierto y flagrante incumplimiento de cada uno de los artículos del FMI, al punto que desde el año 2004, no se realiza una inspección en los términos del fondo, al punto de que el BCV sigue ocultando y manipulando información, y al punto, como recuerda mi querido amigo el Decano Ronald Balza, que al día de hoy los venezolanos no conocemos el presupuesto publicado.

Bajo estas condiciones opacas y de desgobierno, dudo que ningún gobierno, más allá de que tenga o no un representante en el FMI, podrá tener acceso efectivo a los derechos especiales de giro.

Para usted, en México no deberían negociarse el tema de los derechos especiales de giro o el tema social, ¿debería negociarse solamente el tema de la legitimidad?

Ese debería ser el objetivo último. De aquí a allá, en la práctica, hay muchos espacios sobre los cuales se pueden avanzar. Temas como la atención de la Emergencia Humanitaria Compleja.

El problema de los derechos especiales de giro es que no es la mejor manera de comenzar una negociación tan compleja. Porque, de nuevo, haría falta resolver la crisis política del gobierno de Venezuela que parece que más bien sería un resultado final de México, y solucionar el entuerto macroeconómico de Venezuela que también parece ser el resultado final del proceso de México.

El problema de esta referencia a los derechos especiales de giro es que parece que se planteó de manera un poco prematura.

¿Cuál sería, a su juicio, el tema para viabilizar las negociaciones en México?

Comenzando por aquello que es, como se dice, inaplazable, que es ayuda humanitaria, pasando por aquello que es posible y continuando hacia lo que hoy día es imposible.

Pero hay oportunidades, sin duda, de acuerdo en materia humanitaria para detener el colapso económico de Venezuela. Esto es un punto que he venido insistiendo. Ya lo que está en riesgo no es la democracia, eso lo perdimos hace muchísimo tiempo. Lo que está en riesgo es la subsistencia de Venezuela como Estado. Detener el colapso de Venezuela que hoy en día es un Estado frágil, cuyas débiles instituciones han sido cooptadas por el crimen organizado.

Si eso no se detiene, mal va a poder solucionarse la crisis política del gobierno de Venezuela. Porque en Estados Fallidos y Criminales, no hay gobierno en el sentido en el cual nosotros estamos acostumbrados a hablar.

¿Cuál es su valoración de las eventuales extradiciones de Alex Saab y el Pollo Carvajal? ¿Cree que ayudarán la transición en Venezuela?

Sin duda. Cualquiera que haya leído las acusaciones del gobierno de EEUU contra el régimen de Maduro tiene una muy buena imagen de la naturaleza criminal que tiene este régimen.

Aquí hay algunos que han sostenido que no es conveniente hablar de esto, que el caso de la Corte Penal Internacional mejor no lo mencionemos, que mejor esconder las violaciones de los DDHH para no perturbar la transición…

Para no aumentar el costo de salida...

...Sí. Maduro no es un dictador. Ojalá ese fuera el problema. Ya quisiera yo tener un régimen autoritario común y corriente. Incluso un autoritarismo populista. El problema de Maduro, y eso es algo que yo puedo decir que no vi con claridad en el 2019, es que Maduro es ante todo el líder de una organización criminal.

Si bien es cierto que Venezuela necesita reconciliación y una justicia transicional, también es cierto que nada es posible sin perdón. Y cito a San Juan Pablo II: “No hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón”. Para que haya paz tiene que haber justicia.

Esta pretensión de abandonar el proceso de la CPI, decir que en Venezuela hay un sistema de justicia, no molestar al régimen de Maduro con el Pollo Carvajal, que si la extradición de Saab puede detenerse no vaya a ser que el régimen de Maduro se moleste.

Yo creo que lo se está planteando es una ficción; ese no es el cambio que queremos los venezolanos. Aquí no queremos pasar la página con impunidad, tampoco es cuestión de salir con un cuchillo en busca de venganza. El objetivo es la reconciliación nacional.

Estamos a exactamente tres meses de que termine el periodo adicional de la Asamblea Nacional de 2015. ¿Considera que se debe prorrogar este mandato? ¿Qué ocurriría en el tema de la gestión de activos si el interinato termina el 5 de enero de 2022?

Lo primero que hay que aclarar es que el mandato del presidente interino no es como una leche pasteurizada, que tiene fecha de vencimiento. Eso yo no sé de dónde lo sacaron.

El artículo 233 de la CRBV es muy claro: El presidente de la Asamblea Nacional es presidente encargado hasta tanto haya elecciones libres y transparentes. No hasta un año, seis meses, cinco meses. Ahí lo que hubo es un desaguisado jurídico producto del entuerto político de la AN, una reforma muy confusa del Estatuto que rige la transición.

¿Cree usted que esa reforma es inconstitucional?

No, no es un tema de inconstitucionalidad. Ahí hay un tema con el que no estuve de acuerdo, que fue el de crear un Comando Político de control. La administración pública no la controlan los Comandos Políticos.

Más allá de ello, la Constitución es primero, la ley suprema. La Constitución es muy clara. Y las declaraciones internacionales de reconocimiento al presidente encargado son muy claras. Hasta tanto haya elecciones presidenciales libres, no hasta el 4 de enero de 2022, como han dicho algunos. Sería hasta dado caso, el 6.

Así que este no es un problema jurídico. El problema es lamentablemente político, porque pareciera que hay algunos dispuestos a disolver al gobierno interino, lo cual le abriría las puertas al régimen de Maduro de tomar de los activos en el extranjero y eliminaría la primera sanción que tiene el régimen de Maduro: su desconocimiento internacional.

En la entrevista que nos concedió el año pasado fue bastante optimista en esta respuesta, vamos a ver si mantiene la misma perspectiva. ¿Es usted optimista respecto a la libertad de Venezuela?

¡Siempre soy optimista! Basta con ver el triunfo de la libertad sobre el despotismo de Juan Germán Roscio. Un amigo me decía: “Tú no te preocupes, esto se parece a la caída del Imperio Romano”.

Yo le decía: “Uy, pero esa caída si duró un buen tiempo”. Los venezolanos vamos a recuperar la libertad. Nunca es más oscuro que antes del amanecer, pero lo que en estos momentos de absoluta confusión que yo como académico veo a veces, no hay que perder el norte, y el norte es cómo resolver una crisis política derivada de una elección presidencial fraudulenta.

Si eso no se resuelve, la crisis política se agravará con un gran costo humano.