La Travesía Constitucional Chilena

Para hablar de la travesía política que significa la convención constitucional en Chile es necesario dar un paso atrás y seguir el hilo de la idea del cambio constitucional que algunos sectores políticos de la izquierda han promovido desde hace unos años.

Ver el bosque y no el árbol nos dará una mirada más precisa del clima en el país austral. Además, podremos entender un proceso que se nutrió de las protestas de octubre del 2019 y se cristalizó tras la firma del acuerdo del 15 de noviembre.

¿Cómo comenzó esta travesía? Tras el fin de la dictadura, diferentes sectores políticos se dieron a la tarea de introducir reformas a la Constitución, a solicitud de la junta de gobierno a la Comisión Ortúzar. Todo ello para dar forma legal y política a la nueva etapa que en la que se encontraba Chile.

El carácter de estas reformas fue gradual---puntual, pero no sustanciales. Fueron propias del clima político de la época, donde la democracia se fortalecía a través del diálogo y los acuerdos entre los partidos políticos de la llamada “Concertación Democrática”.

No fue sino hasta el año 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos que fue introducida la “gran reforma” constitucional, donde más de 58 artículos fueron reformados por una amplia mayoría en el congreso (150 votos a favor, 3 en contra y una abstención). Un momento importante para la democracia chilena que bien podría resumirse en las siguientes declaraciones del ex presidente Lagos en aquel entonces:

"Todos sabemos las opiniones encontradas que los chilenos tenemos respecto de nuestro pasado, todos sabemos que la Constitución, nacida como expresión de un régimen autoritario, no expresaba a la mayoría de los chilenos, y mucho menos era expresión de la unidad nacional…

Entre las modificaciones más importantes en ese entonces podemos recalcar:

- La reducción del período presidencial de seis a cuatro años sin reelección inmediata.

- El aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.

- Se eliminó la función de “garantes de la institucionalidad” de las Fuerzas Armadas.

- Se determinó que sólo el Presidente de la República puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional.

- Se eliminó la designación de senadores vitalicios

No contentos con el grado de las reformas en la constitución chilena, algunos sectores de la izquierda se dieron a la tarea de ir trabajando en una propuesta de reforma sustancial a la carta magna.

El Partido Comunista de Chile en su XXIII Congreso Nacional en 2006 planteó a su militancia la necesidad de construir el camino a un proceso constituyente. Entre las directrices que debía seguirun gobierno “democrático y nacional” le correspondía:

“Realizar cambios en beneficio del pueblo, para lo cual debe: a) Efectuar modificaciones institucionales que establezcan un Estado democrático y descentralizado, que sea determinante en el desarrollo nacional, regional y comunal. Lo primero será plebiscitar una nueva Constitución y reformar la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para instalar gobiernos comunales democráticos y participativos”.

¿Por qué es importante resaltar estos hitos históricos? Por dos razones: Primero, conocer que el texto constitucional de 1980 no se ha mantenido intacto desde su promulgación y segundo, comprender por qué la reforma de la Carta Magna a través de una Convención Constitucional resultó ser la vía “más óptima” para “apaciguar” el descontento de la ciudadanía mostrado en las protestas de octubre del 2019.

En pocas palabras: la propuesta enunciada y el acuerdo alcanzado no fueron la respuesta más óptima ante el descontento ciudadano por la sencilla razón de que los chilenos exigen cambios, no una revolución.

Conforme crecía y mejoraba la calidad de vida de los chilenos, las demandas también lo hacían, en particular las que exigían mayor protección social por parte del Estado.

De allí que la ex presidenta Michelle Bachelet prometiera durante su campaña de reelección la creación de una nueva Constitución, proceso que intentó materializar a través de diferentes encuentros, cabildos regionales y provinciales y encuestas individuales. No obstante, pese al esfuerzo cívico e institucional de dar forma a un nuevo texto constitucional, el proceso fracasó.

La falta de apoyo político, el retraso que significó procesar todas aquellas ideas y anhelos de la ciudadanía fueron algunas de las razones de por qué no pudo materializarse aquella reforma. Así lo recuerda el aquel entonces senador Alejandro Navarro (2020) por parte del Partido Progresista de Chile, en entrevista con el Diario de Concepción:

“En el Parlamento no encontramos los pisos disponibles para aprobar el proyecto. Necesitábamos 2/3 y no lo logramos. Hubo demasiada oposición al cambio, incluso, del mismo oficialismo de aquel periodo".

Tras el fracaso del cambio constitucional y la llegada al poder de Sebastián Piñera, el tema fue relegado, pero no olvidado. La discusión se mantuvo en algunos círculos políticos y académicos, sin embargo, la llegada de un nuevo gobierno trajo consigo otros a la agenda política.

Hasta este momento parecía remota la posibilidad de que una reforma constitucional entrara en la agenda política. Sin embargo, llegaron las protestas de octubre de 2019.

La violencia se extendió a lo largo del país y dejó a su paso saqueos, incendios y robos. Un escenario complejo de violencia que tomó por sorpresa a las fuerzas de seguridad del Estado, quienes pese al curso institucional de su actuación, en la mayoría de los casos se vio empañada por el exceso de fuerza y vulneración de los derechos humanos.

En este escenario, la izquierda chilena impulsó el Acuerdo del 15 de Noviembre a fin de dar paso a una convención constitucional. Tras un resultado arrolladoramente favorable en el plebiscito de entrada y la elección de convencionales constituyentes.

¿Qué cambios propuso la convención constitucional respecto al sistema político vigente? La atenuación del presidencialismo, es decir, la reducción de las obligaciones e iniciativas exclusivas del ejecutivo a fin de regular su actuación frente a los otros poderes del Estado.

A través de esta propuesta se apuesta a un equilibrio de poder entre el ejecutivo y el legislativo. Sin embargo, tras la eliminación del senado, la elección conjunta entre diputados y el presidente, así como la oportunidad de este último a postularse a una reelección inmediata, se corre el riesgo de que una facción política o el presidente en ejercicio concentre mucho poder.

El profesor Germán Concha (2022) del departamento de derecho de la UC a lo largo de la segunda charla “Miradas Derecho UC” asegura:

“Hoy día tenemos un problema institucional. Cuando se acortó el periodo presidencial a cuatro años se tendría que haber acortado también el mandato de los Diputados, porque eso permite que la foto original se pueda corregir y no se genere el incentivo de hoy: como la cámara baja es electa en conjunto con el presidente, no tiene ningún incentivo para negociar porque se van juntos”.

Otro cambio importante a nivel de sistema político fue la eliminación del Senado y la creación de la cámara de las regiones. Respecto a la primera, los constituyentes a favor de suprimir aquella institución argumentaban su ineficiencia y responsabilidad en la crisis política actual.

Alondra Carrillo (2022), psicóloga y ex integrante de la Convención como independiente, parte del sector de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), aseguró a Ciper Chile que mientras “los sectores de derecha planteaban un régimen lo más semejante a lo que tenemos hoy, el resto de las fuerzas políticas reconocieron que el Poder Legislativo está constituido de modo tal que es estructuralmente un régimen ineficaz”.

Agregando además que “la Cámara de Diputados y el Senado tienen básicamente las mismas funciones legislativas, lo que produce que el trámite legislativo se repita dos veces”.

Esta opinión no es compartida por muchos líderes políticos y académicos. Natalia Piergentilli, presidenta del Partido Por la Democracia y partidaria del apruebo en el plebiscito de entrada, manifestó a Ciper Chile su descontento con tal decisión:

“Siento que la Convención partió diciendo ‘hay que matar al Senado, porque es una instancia oligárquica y porque ralentiza la ejecución de los proyectos’, dos cosas que, a mi juicio, no son ciertas, las fuerzas de izquierda tomaron una postura dogmática, ya que desde un inicio abogaron por un Poder Legislativo unicameral”.

De esta manera queda en evidencia que la eliminación del Senado y la creación de la cámara de las regiones se trató de una decisión política y no de un criterio de eficiencia institucional.

Una decisión bastante arriesgada si tomamos en cuenta el poco protagonismo y atribuciones que le fueron concedidas a la Cámara de las Regiones. ¿Acaso no todos los asuntos de interés público repercuten a lo largo y ancho de todo Chile?

Además, ¿cómo podrá esta Cámara ser un contrapeso al Congreso sin las atribuciones legales que lo permitan? En resumen: la propuesta de la nueva Constitución favorece y premia la actuación del Congreso por encima de la Cámara de las Regiones.

Una de las propuestas más polémicas de la Convención Constitucional fue el cambio del Poder Judicial al pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de sistemas de justicias paralelos. Esta idea nace desde los escaños reservados para los pueblos originarios y que viene según la ex presidenta y convencional Elisa Loncón a “descolonizar la justicia”.

Sin embargo, hay quienes les preocupa esta reforma del sistema de justicia. El profesor de Derecho, Nicolás Frías, aseguró que no debe menospreciarse o subestimar el cambio en materia judicial de la propuesta constitucional, ya “el tema de pluralismo jurídico no es un agregado en el texto, es un eje central y las limitaciones que se incorporaron son bastante genéricas: respetar los derechos constitucionales y los contenidos en los tratados internacionales, así como el recurso ante la Corte Suprema”.

A la falta de definición en materia judicial, debe sumarse la compleja forma de elección de los representantes de estos sistemas, el polémico “consejo de justicia” que, en conjunto con la propuesta del pluralismo jurídico marca un cambio radical.

Para el profesor Villalonga, “no es la mejor manera de abordarla evaluación y nombramientos en el Poder Judicial. La experiencia comparada es bastante contundente, ya que muchas veces estos consejos de la magistratura son capturados por grupos de partidos políticos, como sucede en Argentina o en España, o de los propios jueces, como en Brasil o en Italia. En ese sentido, la propuesta de la Convención gana poco y arriesga mucho en términos de politización”.

En síntesis: presidencialismo atenuado, unicameralismo de facto y sistemas de justicia. Una reforma sustancial al sistema político chileno que debilita los mecanismos de control e independencia entre los poderes y que amenaza con hacer inviable la gobernabilidad democrática.

Frente a todo ello es preciso preguntarse ¿Por qué son tan relevantes y alarmantes estas propuestas para los chilenos? ¿A qué se debe que el rechazo lleve ventaja sobre el apruebo en las últimas encuestas de cara al plebiscito?

En palabras del profesor de Derecho, Germán Concha: “uno de los temas más importantes para analizar un sistema político es que la ciudadanía entienda bien quién es responsable de qué y eso, con esta propuesta, se pierde”.

Los chilenos no sólo no entienden la propuesta constitucional dado al carácter ambiguo de la mayoría de sus artículos, abiertos a interpretaciones y a la arbitrariedad de quién detenta el poder, sino que desconfían de ella dado al descrédito de la convención constituyente.

Como expresamos líneas arriba: Chile quiere un cambio, no una revolución. Desafortunadamente quienes le prometieron uno, segados por la venganza terminaron por llamar a una revolución y a una refundación del país.

Fue el proceso y las formas en la que se realizó el trabajo dentro de la convención constitucional lo que motivó al rechazo de la propuesta constitucional por parte de la ciudadanía.

"La eliminación del Senado y la creación de la cámara de las regiones se trató de una decisión política y no de un criterio de eficiencia institucional"

El falso cáncer del ex constituyente Rojas Vade, las declaraciones inoportunas de algunos convencionales como Daniel Stingo quién en diferentes alocuciones a la prensa aseguraba que el dinero de las pensiones ya no pertenecía a los chilenos, sino al Estado:

“Ya no es tu platita” afirmaba ligeramente sobre una de las demandas más importantes en el debate público nacional, así como la poca seriedad con que algunos constituyentes afrontaron el proceso, como fue el caso de la “Tía Pikachu”, fueron dinamitando la confianza que los chilenos depositaron en ellos, desaprovechando la oportunidad de un cambio de constitución para Chile.

¿Qué viene ahora? Todo parece indicar que, sin importar el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, se abrirá paso una reforma constitucional. Los sectores más moderados de la derecha y la izquierda han acordado e iniciado conversaciones para definir la vía más óptima para estas reformas.

"Chile quiere un cambio, no una revolución"

Solo queda esperar el resultado del plebiscito y tener certeza sobre la base de cuál Constitución se habrá de trabajar: la constitución vigente o la nueva propuesta constitucional.

Queda en manos de los chilenos decidir su futuro este 4 de septiembre.